Debajo, detrás, incluso arriba o delante, pero no muy lejos, si rascamos un poco, asoman en casi todos nosotros las raíces de la tierra, los abuelos campesinos, los indígenas de América, de Europa, de Occidente, de Oriente, del mundo.
Primeras palabras
No invocaremos ningún espectro. Tampoco anunciaremos a un fantasma en su recorrido. Se trata de celebrar un retorno pero que es a la vez un nuevo retorno, reflejo de “infatigables espejos” que desde el tiempo proyectan la sombra de los abuelos, nunca muertos, sí dormidos.
Asistimos, hace algunas décadas, desde la vuelta de la democracia a esta parte, al resurgimiento de organizaciones de base en el medio rural argentino. Algunas se reconocen como campesinas y otras como parte de los pueblos originarios. Emergen en el espacio público, haciéndose visibles en las distintas provincias y a nivel nacional, comunidades campesinas y de distintos pueblos: kollas, mapuches, tobas, wichis, pilagá, mbya-guaraní, etc; a su vez cooperativas de producción o comercialización que se articulan entre sí conformando instancias de segundo grado (movimientos, federaciones, uniones, etc); también ligas de productores familiares; o bien asociaciones de hecho o grupos de agricultores; y ferias y otras formas organizativas de las poblaciones rurales.
Las tradicionales organizaciones del campo no logran absorber este movimiento, y aunque buscan aglutinar se encuentran desbordadas, como se hizo evidente en el último congreso de la Federación Agraria Argentina (FAA) que se realizó en julio de 2004 en la ciudad de Buenos Aires, con el nombre “Congreso Nacional y Latinoamericano sobre uso y tenencia de la tierra: Por una Agricultura con Agricultores. Tierra, Trabajo y Equidad, hacia un nuevo proyecto Nacional”. La FAA realizó una amplia convocatoria a nivel nacional donde lograron contar con la participación de un conjunto importante de organizaciones de base de las distintas provincias del país (cientos de organizaciones y miles de participantes de todo el país). La heterogeneidad era evidente, lo cual quedó en claro cuando cada región planteo sus conclusiones. Mientras las organizaciones del NOA y del NEA planteaban la necesidad de una “reforma agraria integral”, los voceros de las regiones vinculadas a la pampa húmeda colocaban el problema de las retenciones al agro. Allí -en el evento convocado por la FAA- estaban como invitadas muchas de las organizaciones de los pequeños y medianos productores, pero también de indígenas, campesinos y colonos (por ejemplo: estuvieron presentes desde el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha hasta el Movimiento Agrario Misionero) en lo que pareció ser un intento de enmarcamiento por parte de la casi centenaria institución. Sin embargo, este intento demostró ser apenas algo más que eso, a pesar de la masiva participación, los medios de comunicación realizaron un llamativo “vacío” que terminó silenciando el evento frente al resto de la sociedad, como si este nunca hubiera ocurrido; a la vez fue posible observar las tensiones y los debates en los talleres que pusieron en cuestión la convivencia de la heterogeneidad presente en el encuentro. A pesar del gran despliegue, ni a nivel de las organizaciones, ni frente a la sociedad en general, la FAA pareciera haber podido consolidar su posible rol como exclusiva “representante” de los agricultores familiares y las comunidades rurales.
En el presente documento se quiere hacer un primer acercamiento a la cuestión de la emergencia en la actualidad de organizaciones campesinas en Argentina, con discursos y acciones novedosas. El objetivo aquí es realizar un primer abordaje del problema, describiendo situaciones, mapeando el entramado de estos actores emergentes, presentando los principales ejes problemáticos. Claramente es un primer trabajo exploratorio, que forma parte de un trabajo más amplio para la tesis de doctorado que esta en sus comienzos.
Resurgimiento público
El contexto de emergencia de las organizaciones campesinas e indígenas se vincula con un conjunto amplio de procesos. Digamos en primer lugar que las acciones colectivas y la organización en el medio rural no es algo novedoso en sí mismo. No son nuevos los conflictos protagonizados por productores, así como no lo son tampoco los conflictos protagonizados por las comunidades que hoy se reivindican como parte de los pueblos originarios. Como antecedentes cabe mencionar los más destacados: los levantamientos indígenas en Salta y Jujuy a fines del siglo XIX, conocidos como la “Guerra de Quera”; la rebelión de los agricultores arrendatarios de Santa Fe y Buenos Aires que se bautizó con el nombre de “Grito de Alcorta” a principio del siglo XX y que daría origen a la FAA; las luchas de los pequeños productores y trabajadores rurales del algodón en Chaco y Formosa entre los años ‘20 y ’40 (1924, 1930 y 1936 fueron los años de mayor conflictualidad); o el “Malón de la Paz” que realizaron las comunidades kollas de Jujuy y Salta en 1946; y claro, en lo más inmediato, el antecedente de la experiencia en los años ‘70 de las Ligas Agrarias o Campesinas de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, y norte de Santa Fe. O sea, existe en Argentina, aunque invisibilizada, una vasta trayectoria de luchas en el campo. En este sentido, es innegable que las organizaciones actuales buscan referenciarse en una u otra experiencia, o bien apoyarse en organizaciones preexistentes, cuyo caso paradigmático es la FAA, aunque también puedan citarse otros ejemplos como el Movimiento Agrario Misionero, que surgido en los años ‘70 permanece actualmente activo, y ha sido pieza importante en la conformación de la Mesa Nacional de Productores Familiares, y de las “Ferias Francas” de Misiones.
Otro elemento para entender el surgimiento de estas experiencias organizativas lo compone sin dudas el trabajo de ciertos sectores de la Iglesia, como acción católica o la pastoral social, que en algunos casos han servido como punto de apoyo para el inicio de organización local en provincias como Santiago del Estero o Formosa. También ha sido muy importante para el despliegue de este proceso la difusión a nivel internacional que cobraron los discursos ambiental o ecológico y el discurso indígena. Esto produjo por un lado que los Estados tuvieran que generar legislación apropiada a estas cuestiones, que las instancias internacionales se ocuparan de velar por el efectivo cumplimiento, y que desde distintos ámbitos se destinaran recursos económicos en tales problemáticas. Más allá de que los recursos, o los derechos reconocidos por las legislaciones nacionales (por ejemplo: la ley 23.302 y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional) y los convenios internacionales (como el 169 de la OIT), raras veces se hayan cumplido, lo importante es señalar el modo indiscutible en que estos temas se instalaron en lo que podríamos llamar la agenda de la sociedad civil. Los problemas ecológicos y aquellos que afectan a los pueblos originarios tienen una visibilidad global que difícilmente pueda revertirse, y que ha colocado la cuestión de la diversidad tanto biológica como cultural en el imaginario de amplios sectores de las poblaciones del mundo con consecuencias que no podemos predecir, pero que no obstante debemos ir observando con atención.
Una cuestión que también puede contarse entre los elementos para explicar la reaparición del tema campesino e indígena, es la crisis de los modelos hegemónicos de desarrollo. La noción de progreso, como valor absoluto, anclada en el desarrollo de la gran industria, bajo el auspicio exclusivo de la ciencia moderna, ha entrado en crisis. Con esto se revitalizan viejos saberes y formas de vida, o se ensayan nuevas perspectivas de desarrollo, que complementándose mutuamente se cristalizan en prácticas como la agroecología, las medicinas alternativas, el comercio solidario o justo, las tecnologías no convencionales, etc. Se recuperaran y revalorizaran las prácticas campesinas o indígenas, como si estas conformaran pistas o huellas de caminos que fueron truncados pero que guardaron un potencial que hoy puede servir para recrear la vida en la encrucijada de la modernidad. A diferencia de otras épocas, en la actualidad las poblaciones urbanas sienten una gran simpatía hacia las demandas de las organizaciones campesinas e indígenas, como si estas trajeran ahora creativas novedades entre sus viejas recetas.
Las luchas por tierra y territorio, instalan a nivel general el debate sobre el control de los recursos naturales y la relación con la naturaleza; las demandas al Estado por apoyo a la agricultura familiar imponen la urgencia de la cuestión de la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a producir su propio alimento; la conformación de canales de distribución de productos de los pequeños productores y las comunidades rurales e indígenas sitúa con fuerza la posibilidad de crear nuevas formas de intercambio comercial que transformen la relación campo-ciudad; el carácter artesanal de la producción campesina van delineando en las ciudades una nueva conciencia capaz de reconocer la calidad diferenciada de estos productos frente a la oferta de la gran industria; las técnicas que conservaron los pueblos originarios y los saberes no científicos de los campesinos impulsan el desarrollo de tecnologías apropiadas y apropiables, y obligan a debatir sobre las tecnologías en términos políticos quitándole definitivamente el velo de neutralidad con que se la cubre. Es decir, estamos frente a un proceso extraordinario en el cual todo aquello que fue expulsado de la modernidad, práctica y teóricamente, hoy reaparece con fuerza, y sirve de inspiración a todos aquellos que están actualmente pensando y realizando alternativas frente al mundo sombrío y cínico en que se está convirtiendo la Tierra y la Humanidad después de 500 años de historia bajo el reinado del plan del Progreso.
Podría estar sucediendo en realidad que aquello que las organizaciones campesinas e indígenas denuncian ya no son cuestiones que el resto de la sociedad vivencia como exclusivas de esos sectores. Pareciera que las luchas campesinas y de los pueblos originarios son compartidas por muchos otros, y no solamente debido a un acto de solidaridad. Es como si los conflictos por la tierra o por el agua -históricos conflictos protagonizados por campesinos e indígenas- estuvieran siendo asumidos por muchos otros sectores de la sociedad, sobre todo en las ciudades pequeñas e intermedias, instalando en la conflictualidad social nuevos ejes. No debería escapar a nuestra atención que en este momento gran parte de los conflictos que se viven en el mundo pasan por estas dos cuestiones que hacen a la esencia misma de la vida: la tierra (para agricultura, para explotación minera o de las riquezas del subsuelo, para explotación de áreas vírgenes, etc) y el agua (para consumo humano, para riego, para la industria, para producir energía, etc). Tampoco debería escapar de nuestra atención que en muchos de estos casos son los campesinos y los pueblos originarios quienes protagonizan estas luchas, y que en este sentido además de estar señalando el rumbo de las luchas del futuro pueden servir de ejemplo y constituir un aporte al aprendizaje colectivo. Asistimos a la emergencia de problemas modernos (producidos por la modernidad) para los cuales no hay soluciones modernas (en sus propios términos). ¿Será casual entonces que justamente sean los marginados de siempre, los expulsados de la modernidad, aquellos que están hoy dando las mejores respuestas, o al menos las mejores pistas para construir las respuestas que buscamos?
El hecho de que las históricas luchas por la tierra y el agua, llevadas a cabo por los sectores rurales subordinados, se hayan “universalizado” y que sean actualmente visualizadas como problemas de “todos”, se presenta como dimensión central para analizar la emergencia de las organizaciones campesinas e indígenas. Sin embargo, tampoco puede obviarse para entender esta emergencia aquello que podríamos llamar contexto estructural. Es necesario señalar también como variable explicativa los cambios en las condiciones generales de la producción y reproducción social, los cambios en lo que se ha denominado cómo la “matriz” de estructuración social. Asistimos en el país a transformaciones en el sistema de producción de riquezas que entrelaza todos los niveles espaciales: local, regional y global. Asistimos en Argentina a lo que podría pensarse como proceso de reorganización territorial. Sabemos que de los ’70 a esta parte, acelerándose en la “década neoliberal”, con ritmos diferentes fue concretándose con la aplicación de dispositivos desde el Estado (políticas públicas) la mutación de un paradigma social de “matriz estado-céntrica” (Estado de Bienestar, pleno empleo, industrialización, soberanía tecnológica, desarrollo del mercado interno, integración social en el Pueblo-Nación, etc) en otro: de “matriz mercado-céntrica”, con fuerte endeudamiento internacional, apertura económica volcada al comercio internacional, reestructuración estatal, con desindustrialización, aumento de la desocupación y pobreza, privatización de servicios públicos, de seguridad social, de educación, salud, con polarización social, y creciente control del capital transnacional en casi todos los sectores económicos, etc.
En el agro, esto se tradujo en un conjunto de cambios al interior del sector, que podríamos resumir como la reedición del modelo agroexportador. Estos cambios son el resultado de la combinación de “revoluciones” tecnológicas con reestructuraciones en el régimen político y económico.
Básicamente se puede señalar que en el país la estructura agraria se ha visto modificada profundamente, lo cual se expresa en la concentración de la tierra -el 2% de las explotaciones agropecuarias posee el 50% de la tierra cultivable-, y en la desaparición de una parte importante de las explotaciones agropecuarias -el 20% en algo más de diez años-, sobre todo entre las pequeñas y medianas (menos de 500 ha). Otra características ha sido la profundización de la “agriculturización”, específicamente en base al avance del cultivo de soja en detrimento de actividades pecuarias, pero también agrícolas. Esta “agriculturización” se esta realizando también a cuenta de áreas de monte o selva que pasan a incorporarse a la superficie explotada del país. Áreas consideradas “marginales” son integradas al modelo de producción dominante en la pampa húmeda, o pasan a recibir las producciones que de allí son desplazadas. Según el Grupo de Estudios Rurales (2004), la imposibilidad de reproducción de las economías campesinas, es decir, su arrinconamiento -producto de la valorización de las tierras marginales- se da en base a 5 procesos diferenciados:
a)Debido a la desregulación operada los productores se encuentran desprotegidos frente a los vaivenes del mercado.
b)Debido a la extensión de cultivos asociados a nuevos paquetes tecnológicos, básicamente la extendida soja transgénica, se reduce la demanda de mano de obra para la obtención de ingresos extraprediales.
c)Debido a la expansión de la agricultura industrial y el uso intensivo de agroquímicos se esta produciendo una grave contaminación que afecta a las vecinas áreas de economía campesina: a los cultivos, los animales, y la población.
d)Debido al cercamiento y desmonte por parte de empresarios y terratenientes de las tierras en disputa, los campesinos se ven imposibilitados de seguir utilizando el monte nativo, y los “recursos naturales” en general.
e)Debido a la interrupción y privatización de caminos y pasos (y de la tierra en general) los campesinos ven socavada la posibilidad de trashumar con sus animales hacia los pastos comunes, de mantener el prácticas de circulación espacial entre distintos ecosistemas.
Todo esto en el marco de los avances tecnológicos impulsados por grandes laboratorios como la “revolución verde” (semillas híbridas, insumos de síntesis química, mecanización) y la “revolución biotecnológica” (semillas transgénicas, asociadas a insumos y técnicas de laboreo); y acompañado de la aparición de nuevos actores sociales en el agro: la extensión de la figura del contratista (propietario de maquinaria que presta servicios) y la aparición de los fondos de inversión (capital financiero que entra en la producción). A nivel de los complejos agroindustriales se observa la concentración y centralización en el procesamiento y distribución de alimentos y materias primas. Como consecuencia de estos cambios en el sector agrario, la sociedad en su conjunto se vio afectada en torno del aumento de los precios de la canasta de productos básicos, aumento de la desocupación por “ahorro de mano de obra”, aumento de la presión demográfica en los centros urbanos por el éxodo rural.
De modo tal, decimos que la emergencia de lo que podríamos llamar movimiento campesino se da en el marco de una reconfiguración de la estructura agraria, y de la cadena productiva. Cabe aclarar que no pareciera correcto interpretar que los campesinos emergen como “resistencia” a un “inevitable” avance de las fuerzas productivas en el agro: como si las “resistencias campesinas” fueran resabios que detienen o hacen más lenta la imposición de un proceso general destinado indefectiblemente a universalizarse. Lo que esta en juego más bien pareciera ser una disputa por la configuración del territorio, por su ordenamiento, sus usos, su función.
Así, en este contexto de reconfiguración territorial, que lleva adelante el modelo de globalización neoliberal, las luchas que mencionábamos por el agua y por la tierra cobran cada vez más centralidad, y cada vez hay más conciencia de esto. Actualmente las organizaciones campesinas y los pueblos originarios ya visibles (incluso mundialmente) están denunciando la apropiación que empresas y particulares están realizando del agua y la tierra. Les ha tocado a ellos ser los “primeros de la fila”, y es por eso que están protagonizando a su pesar pero con absoluto coraje las luchas que cada vez con mayor claridad son asumidas por otros grupos que empiezan también a sentirse afectados directamente. Aunque existe una creciente percepción en diversos sectores urbanos que las comunidades campesinas o indígenas cuando son perjudicadas, estamos todos directamente implicados; por el momento la mayor parte de las veces lo que sucede en estos conflictos por el agua y la tierra corre a cuenta exclusiva de campesinos y pueblos originarios: desalojos y expulsiones, arrinconamiento (recorte de tierras comunales, desmontes, falta de agua, etc), persecución política, etc.
Las experiencias y las luchas
En nuestro país estas luchas, que protagonizan comunidades campesinas y pueblos originarios, se dan en distintas regiones, pero por similares causas: las resistencias [2] a la consolidación de un modelo extractivo y productivista, que arrancó en los ’70, pero que es en los años ’90 cuando se hace evidente. Son paradigmáticas las luchas de las comunidades mapuches contra la apropiación que realizan grandes inversores extranjeros en la Patagonia, o contra las explotaciones mineras y mega-construcciones como ser las centrales hidroeléctricas que inundarían grandes áreas pobladas; aquellas de las comunidades kollas o las organizaciones de desocupados de pequeñas localidades contra la extracción de riquezas del subsuelo sin reparos al impacto ambiental (gas, petróleo, etc); como las de los campesinos de Formosa contra las fumigaciones que realizan empresas dedicadas a la soja transgénica; así como las de los campesinos de Córdoba y Santiago del Estero que resisten a los desalojos que realizan los empresarios que desmontan para producir soja o para colocar el ganado que es desplazado de la pampa húmeda también por la “agriculturización” (el avance de la soja).
Ante determinado proyecto que se quiere imponer en el agro se elevan experiencias y luchas que configuran un conjunto muy vasto de conflictos muy diferenciados entre sí. En esta multiplicidad de conflictos es probable encontrar elementos en común más allá de que todos compartan el enfrentamiento contra un modelo de agro que concentra -en torno de grandes empresas articuladas al capital financiero- el control de la producción (tierra, insumos, crédito, procesamiento, etc) y la distribución (acopio, canales del comercio exterior, puntos de venta, etc). Mencionamos aquí solo algunos de estos diversos conflictos y “resistencias” [3] que estallan en los años ’80, pero que en los ’90 cobran mayor organicidad, y que protagonizan campesinos, productores familiares o pueblos originarios; sabiendo que otros muchos existen aunque permanezcan ocultos por los problemas que para los sectores populares implica hacer públicas sus luchas:
1980: Se inician los desalojos de familias campesinas en la localidad santiagueña de Los Juríes. Estas acciones generan la respuesta de los campesinos que empiezan a organizarse, en lo que después sería el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que nace el 4 de agosto de 1990.
1983-2005: Las comunidades Kollas de Finca San Andrés (129 mil ha), Salta, retoman la lucha por lograr la tenencia legal de las tierras que ocupan, frente al Ingenio San Martín del Tabacal que compró las tierras con las poblaciones incluidas en el año 1932. Las comunidades, recuperando la herencia del “1° Malón de la Paz” en 1946, han realizado distintos tipos de acciones para que sus derechos se cumplan: “caravanas”, cortes de ruta, enfrentamiento con la policía, acciones legales, etc. A pesar de fallos a favor y del apoyo que reciben de organizaciones nacionales e internacionales, no han logrado efectivizar la entrega de los títulos.
1986-2004: La Comunidad Wichí Misión Tolaba de General Mosconi, Salta, inicia hace 18 años un juicio de posesión veinteañal y denuncia que recién desde julio del 2001 está a disposición del Juez (Dr. Nelson Aramayo). Durante estos años sufrieron todo tipo de atropellos: irregularidades en la certificación de las pruebas, intentar confundirlos en el vencimiento de los plazos, el juez en contra aunque estaba inhibido en la causa, etc.
1990-2003: Después de haber sido desalojada y trasladada a un basural, la comunidad Mbyá-Guaraní Yryapú de Misiones lucho hasta recuperar sus tierras. Trece años después de estos incidentes, enfrentan hoy un plan del gobierno, que se hizo público el 20 de marzo de 2003, para expropiar el territorio indígena con el fin de convertir las 600 hectáreas que ocupan en un complejo turístico.
1992-2002: La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat denuncia al Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta organización indígena integrada por 40 comunidades de los pueblos Wichí, Chorote, Chulupí, Toba y Tapiete, asentadas en la zona chaqueña de la provincia de Salta, llevan adelante una lucha reclamando que se cumpla el compromiso del gobierno de la provincia de Salta de entregarles el título de propiedad de una superficie sin divisiones internas en el lote fiscal 55.
1995-2003: Surge el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha – MML, primero en La Pampa, y luego se extiende fuertemente a la provincia Santa Fe, entre otras. Su lucha es contra los remates de campos propiedad de chacareros endeudados.
1996-2003: En 1996 se inicia un conflicto entre la Comunidad Hoktek T’oi del Pueblo Wichí, de Salta, y el gobierno provincial, que había otorgado a través de la Secretaría de Medio Ambiente a la empresa Los Cordobeses S.A. para deforestación un área de 1.838 hectáreas del territorio de la comunidad. Antes de que el permiso fuese otorgado, la Comunidad Hoktek T’oi lo impugnó a nivel administrativo. Tres años después, cuando la empresa deforestadora pidió la prórroga del permiso, la Comunidad volvió a impugnarlo. En 1999 interponen una Acción de Amparo en contra de la Secretaría Provincial de Medio Ambiente. Rechazado por tres tribunales del ámbito provincial, el Amparo fue elevado a la Corte Suprema de la Nación. El 8 de septiembre de 2003, la Corte Suprema finalmente hizo lugar al recurso.
1998: Campesinos de la localidad santiagueña de La Simona son desalojados en octubre, frente a lo cual el MOCASE realiza acciones para dar a conocer el caso. Según el movimiento el haber enfrentado al poder judicial y al personal policial permitió la “primera victoria colectiva”.
1998: Campesinos de Simoca, en Tucumán, son desalojados, en el marco de sospechas de corrupción hacia el poder político y sectores económicos.
2001: En la comunidad “El Duraznal”, noroeste de la provincia de Córdoba, son denunciados campesinos organizados en APENOC, en el marco de un intento de desalojo. En esta oportunidad, el 15 de agosto, se hicieron presentes las topadoras, maquinas agrícolas, casillas para operarios, varias camionetas, con la custodia de diez policías, un fiscal, un secretario, un agrimensor y un abogado.
1999-2001: En la comunidad de Pinto, Santiago del Estero, se desarrolla el conflicto por la tenencia de tierra entre un terrateniente santafesino y los campesinos de la Central Campesina de Pinto integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. En el 2001 la justicia intenta realizar los desalojos de las familias campesinas del paraje Santa Rosa que resisten armando “carpas verdes”. Se producen detenciones de campesinos.
2000-2003: Con el apoyo del Consejo Asesor Indígena – CAI, la familia mapuche Casiano se reinstala el 18 de diciembre en las tierras de las que habían sido desalojados treinta años antes. Luego de esta acción directa siguieron años de disputa legal y de atentados, intimidaciones, y amenazas contra la familia mapuche. El 7 de abril de 2003, los mapuches retoman la casa de la que habían sido despojados. El 13 de abril el CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro) emitió una disposición en la que reconoce como Territorio Tradicional del Lof Casiano a las tierras recuperadas. El 23 de abril la justicia ordena el procesamiento de la familia mapuche y su desalojo.
2000-2004: Se inicia el 26 de abril el juicio a 7 campesinos cordobeses acusados de “usurpación”. La Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC) denuncia la criminalización que sufren por luchar por “Tierra, Trabajo y Justicia”. En el año 2000, en el paraje El Duraznal, un campo de 500 hectáreas es reclamado por un empresario cordobés; frente a lo cual la comunidad, argumentando el derecho veinteañal, decide no dejar entrar al empresario. Los campesinos a su vez denunciaron usurpación ante la policía y se realizó una constatación con juez de paz para observar las mejoras y estado de la posesión. El día 17 de agosto 2001, el Fiscal de la Ciudad de Cruz del Eje, junto a un operativo policial, se presentan en el campo con el “nuevo titular que en 1999 había comprado la tierra en una subasta (remate por deudas a rentas de la provincia). Finalmente se realiza una denuncia que luego se transforma en juicio a los campesinos. Esto en el marco de lo que las organizaciones campesinas denuncian como un desequilibrado e irracional avance de la frontera agropecuaria, en base a áreas de cría que ya no pueden convivir con la agricultura y a cultivos exportables en especial la “soja transgénica”, que ha devastado el ecosistema, suplantando los bosques nativos. El juicio termina en mayo de 2004 con la absolución de los campesinos, sin embargo el campo está sin producir, alambrado y las familias campesinas no lo pueden usar, la gente se ha tenido que ir del lugar.
2002: Son detenidos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero en la localidad de Las Lomitas, en el norte de la Provincia de Santiago del Estero. Un grupo de agentes de policía irrumpen en esa comunidad campesina sin orden judicial aunque argumentaban tener pedido de detención de un juzgado de la capital provincial. Este episodio se da en el marco del conflicto por la tierra que en esa zona sostienen con un terrateniente los campesinos que se amparan en el derecho veinteañal.
2002-2003: La empresa Benetton inicia juicio en los tribunales de Esquel, Chubut, a la familia mapuche Curiñanco, acusándola de usurpación. La tierra en disputa (lote Santa Rosa) son 7 hectáreas que la empresa dice pertenecen a la Estancia Leleque de su propiedad. La empresas presiona a su vez a otras 6 familias mapuches para que abandonen las tierras que ocupan en las inmediaciones de la estación ferroviaria Leleque. A pesar de las acciones de resistencia realizadas por la organización de las comunidades Mapuche Tehuelche 11 de Octubre, la familia Curiñanco es desalojada en octubre de 2002. El 8 de febrero de 2003 las comunidades se concentran en el acceso a la Estancia Leleque (del Grupo Benetton).
2002: La comunidad Misión Wichí-Tolaba, de General Mosconi, reclama ante el poder judicial de Salta el efectivo cumplimiento de las leyes que les otorgan la propiedad de las tierras que ocupan.
2002: La Policía de la Provincia de Formosa realiza un ataque a la comunidad Toba Nam Qom (lote 68). Ante esta acción del personal policial, la comunidad realiza una acción judicial, denunciando detenciones arbitrarias, torturas, abusos de autoridad, amenazas contra la vida e integridad de los habitantes de la comunidad.
2002: En octubre se realiza en capital federal una movilización a Plaza de Mayo, protagonizada por organizaciones campesinas (se destacan el MOCASE y APENOC) y organizaciones de desocupados. Las demandas eran por reforma agraria y soberanía alimentaria.
2002: Se inicia un conflicto por tierras en la localidad de Santo Domingo, provincia de Santiago del Estero. Un juzgado de la ciudad de La Plata publica en octubre el remate de 3749 hectáreas de esa localidad, especificando la situación de que en esas tierras viven familias campesinas (23 familias). Frente a esto el MOCASE organiza una “carpa de la resistencia campesina”, planteando la necesidad de una reforma agraria “con control de las organizaciones populares, que permitan el acceso a la tierra de los que queremos vivir y trabajar el campo de acuerdo a las características de cada región”. En noviembre se realizaría una marcha en La Plata contra el remate, convocada por la Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas (COPA).
2002: El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha se suma en diciembre a los vecinos de Chascomús en el repudio al convenio nuclear con Australia. Según expresan, debe cumplirse el articulo 41 de la constitución para que el país no se convierta en un “basurero nuclear”. 2002: Unas 300 personas de las etnias Wichí, Chorote, Guaraní y Chulupí, procedentes de los departamentos de Santa Victoria Este, Rivadavia y San Martín, provincia de Salta, Realizaron una marcha a pie desde sus comunidades a la capital provincial que duro casi una semana. El objetivo era renunciar formalmente a los planes nacionales “Trabajar”, a cambio de ayuda técnica para el desarrollo de proyectos sustentables.
2002: Las comunidades Mapuche del noroeste de Chubut y Río Negro se reúnen el 20 de diciembre para debatir sobre las acciones a adoptar frente a un emprendimiento minero que se quiere instalar en Esquel para extraer oro. La organización de comunidades Mapuche-Tehuelche “11 de Octubre” señalan el riesgo de que este proyecto económico contamine con cianuro la región.
2002: Pequeños quinteros del Parque Pereyra Iraola, instalan el 31 de diciembre una carpa en el Camino Centenario a la entrada del Parque demandando al gobernador y al poder legislativo para que no se inicien los desalojos a las 300 familias que allí viven, y se regularice su situación.
2002-2005: En una movilización de campesinos en la localidad mendocina de Lavalle en diciembre del 2002 nace la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST). Reclamaban agua, tierra y trabajo digno para los campesinos. La manifestación fue motorizada por «Las luchadoras» un grupo de mujeres que venían trabajando desde hace un año en proyectos productivos. Ya en el año 2005 la organización esta integrado doscientas cincuenta familias nucleadas en 18 comunidades campesinas, que lograron recuperar prácticas comunitarias y saberes medicinales que se creían perdidos.
2003-2004: En Colonia Loma Senés se registra, el 2 de febrero, la contaminación de las parcelas, de los animales y de más de 20 familias campesinas, por efecto de las fumigaciones con glifosato y 24D que realizan los empresarios sojeros en la zona. Consecuencia de esto fue la imposibilidad de seguir ofreciendo productos en la feria franca que habían organizado en la ciudad de Pirané. Casos similares donde se vieron afectados los campesinos se vivieron en las localidades de Villa Don Trece, Colorado y Belgrano. Ante esto el MOCAFOR decide realizar acciones directas (cortes ruta, sabotaje de avionetas, bloque de maquinaria, marchas, etc) y acciones judiciales. Logran suspender algunas fumigaciones, aunque no se haya logrado el resarcimiento de las pérdidas económicas, ni la prohibición de realizar cultivos como la soja transgénica.
2003: La policía, el 27 de febrero, ataca violentamente y desaloja a la comunidad campesina de San Pedro, Los Juríes, Santiago del Estero. Se registran campesinos heridos y 15 detenidos. El 6 de marzo, el MOCASE en coordinación con organizaciones de Buenos Aires como el MTD Lanús Aníbal Verón, realizan un escrache a la Casa de la Provincia de Santiago del Estero.
2003: La familia mapuche Fermín de la comunidad de Vuelta del Río, en Chubut, sufre un intento de desalojo el 15 de marzo por orden del juzgado de Esquel, que los acusaba de “usurpación”. Logran resistir al accionar de la policía. El 20 de marzo los mapuches se instalan en la entrada de los Tribunales de Esquel para reclamar justicia. Con motivo de la resistencia originada ante este desalojo puntual, pero en el marco más amplio de reorganización del Pueblo Mapuche, se lleva a cabo el 25 y 26 de abril el Primer Parlamento Mapuche en la Provincia de Chubut, en la comunidad de “Vuelta del Río”. El 23 de julio las comunidades del noroeste de Chubut con las organizaciones Pu Weche Lafkenche y 11 de octubre deciden ocupar la Casa de la provincia de Chubut en capital federal y los Tribunales de Justicia de Esquel, hasta que logran reunirse con funcionarios.
2003: En abril 350 campesinos, autoidentificados como ranqueles y comechingones, son desalojados en la provincia de Córdoba. En este contexto, el mismo mes se realiza una marcha en defensa con apoyo de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza.
2003: La Comunidad Mapuche Pillan Mahuiza lanza en abril la “Campaña Nacional contra el remate de la Patagonia”. Por tal motivo convocan a marchar el día 24 de abril desde Plaza Congreso a Plaza de Mayo.
2003: Unas 20 familias campesinas mendocinas en la localidad de Jocolí, departamento de Lavalle, enfrentan la intimidación y resisten al desalojo que intentan realizar empresarios sin títulos con apoyo de la policía provincial.
2003: En Chivilcoy, el 13 de septiembre, son detenidas 5 integrantes del MML y 2 productores como resultado de la represión efectuada cuando unas 150 personas resistían el remate de un campo de un productor de la zona. Ante la acción de cantar el himno el juez detuvo el remate, ordeno la represión, para luego finalizar el remate con la efectiva venta de las tierras.
2003-2004: El 16 de septiembre es reprimida la comunidad Ava Guaraní de la Loma, Estación El Tabacal, Salta, por la policía provincial y gendarmería. El Ingenio SMT (propiedad de la empresa norteamericana Seabord Corporation) reclamaba las tierras, ante lo cual, después de una violenta represión, fueron desalojadas las 150 familias que allí viven y detenidos una cincuentena de miembros de la comunidad en la ciudad de Orán. Después de la movilización a Salta, el 3 de diciembre, 24 miembros de la comunidad inician una marcha desde Salta rumbo a Buenos Aires, buscando reunirse con funcionarios del INAI, Desarrollo Social, Defensoría del Pueblo y con el Presidente. A pesar de la protesta local e internacional, del boicot al azúcar Chango, las movilizaciones a Salta y a capital federal, el desalojo no volvió atrás, ni fueron presos los responsables de la represión.
2003: En el marco de los encuentros de la Mesa Nacional de Organizaciones de Productores Familiares y de la Campaña Intercontinental “El grito de los excluidos”, se realiza el 12 de octubre en el Parque Pereyra Iraola una jornada de resistencia y apoyo a la lucha de los quinteros de allí por permanecer en las tierras que ocupan.
2003: El MOCASE, APENOC y el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón realizan, el 21 de noviembre, una marcha a Plaza de Mayo para protestar contra el ALCA. En el marco de esta lucha continental se escracha la sede de la multinacional Monsanto en Buenos Aires. En la acción, que consistió en la colocación de bolsas de soja transgénica en la entrada de la empresa mientras se hacían pintadas, se acusó a la trasnacional de ser uno de los responsables “del proceso de destrucción del sistema agroalimentario argentino”
2003-2005: En enero la UCAN (La Unión Campesina del Noreste) denuncia al Estado provincial como cómplice de los desalojos a familias campesinas que se efectúan en la provincia de Córdoba debido a la “fiebre de la soja” que llegó al norte cordobés.. La justicia provincial parece actuar a favor de empresarios que se presentan como dueños legales de las tierras en las que pretenden desmontar para producir básicamente soja. Uno de ellos ha sido el renombrado caso de Doña Ramona Bustamante y su familia, violentamente desalojada en el departamento de Río Seco el día 30 de diciembre de 2003.
2003-2004: Empieza en el 2003 un acoso a las comunidades campesinas de la zona de Tintina, en el departamento Moreno: Villa Maria, Alza Nueva, San Dimas, Pampa Charquina, Dolores, Charquina, Libertad (más de 50 familias). Empresarios que contratan personal civil ejercen sobre violencia física y moral (diarias amenazas de muerte con armas de fuego) sobre los pobladores. Los campesinos en respuesta arman “carpas de la resistencia”.
2003: El 15 de diciembre En los tribunales de Quilmes se inicia el juicio oral por la violación y asesinato de dos productoras del Parque Pereyra Iraola que además participaban activamente en la lucha para evitar el desalojo de los quinteros. El primer caso, ocurrido en 1999, y el segundo en el año 2000.
2004: En el marco de las denuncias del MOCASE sobre una avanzada de parapoliciales, al servicio de empresarios sojeros, que queman ranchos y desmontan, se efectúa el 17 de marzo un ataque con armas de fuego a un integrante del movimiento.
2004: Se aprueba, el 17 abril, “sobre tablas” y a “libro cerrado” en la Legislatura de la provincia de Formosa una ley presentada por el Poder Ejecutivo que afecta a cientos de personas del Pueblo Pilagá de las comunidades de Campo del Cielo y Kilómetro 30. Según las organizaciones indígenas la Ley de Expropiación nº 1.439 expresa una amenaza concreta a todas las comunidades indígenas de la provincia, y responde al interés de seguir avanzando con las Obras de la Ruta 28, que fueran suspendidas por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación (Ministro De Vido), a partir de los cuestionamientos técnicos y sociales expresados en audiencias públicas.
2004: Comunidades Mapuches ocupan la sede Esquel de la Dirección de Minería y Geología de la Provincia de Chubut. En el III Parlamento Mapuche realizado en la comunidad Prane, los días 17 y 18 de abril, habían resuelto tomar esta medida de fuerza ante el avance de las corporaciones mineras en su territorio, con el objetivo de demandar al Estado provincial y nacional la implementación de políticas que garanticen el derecho de los Pueblos Originarios a la administración de su territorio, lo que incluye los recursos naturales. Mientras transcurre la ocupación, vecinos autoconvocados se concentran en la puerta de la Dirección de Minería y Geología para apoyar la acción de los Mapuches expresando que se trata de una lucha de todos contra el avance minero.
2004: Las comunidades Wichí del Impenetrable Chaqueño interponen en abril una acción de Amparo Colectivo a los fines de que la justicia pare el desmonte y la desaparición de bosques
2004: Se inician el 2 de marzo los desalojos de 30 familias en la Comunidad Kolla-Guaraní Río Blanco Banda Norte de Orán, Salta. La comunidad denuncia los atropellos y reclama el cumplimiento de la Ley Nacional 23.302 de 1985 y la ratificatoria del convenio 169 con la OIT, y el articulo 75 de la Constitución Nacional que reconoce “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. Mientras las familias permanecían a la intemperie a la vera de la Ruta Nacional 50, la empresa HIGAMAR se apropiaba de su cosecha, sus animales y sus pertenencias. Después de no encontrar respuesta de funcionarios provinciales y nacionales la comunidad decide regresar a recuperar la Pachamama, ejerciendo lo que definen como el derecho de la desobediencia civil, cortando con machetes y palos portones y alambres y permaneciendo en el lugar. Luego viajan a Buenos Aires para peticionar ante el Presidente de la Nación.
2004: La Organización Zlaqatahyi (Unión Wichí del Itiyuro-Comunidades de Lapacho Mocho, Tonono y Pacará), departamento San Martín, Salta, reclaman frenar la deforestación del corredor que habitan las tres comunidades mencionadas, situado entre el Gasoducto sobre Ruta 86 hasta el Lote fiscal 4 de la Ciudad de Tartagal. Se oponen a la depredación de los recursos naturales, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de su territorio ancestral.
2004: El Consejo de Organizaciones Indígenas de Salta junto con el Consejo de Ancianos de Finca Santiago y la Asociación indígena ISNAT, con sede en Tartagal, exigen la normalización del Instituto Provincial del Indígena de Salta, IPIS, y que los fondos de la coparticipación hidrocarburífera (2%) sean enajenados y se los deposite en el Banco de la Nación Argentina, para ser administrados por los propios beneficiarios.
2004: El Consejo de Coordinación de las organizaciones de los Pueblos Indígenas de Salta, COPISA (Guaraní, Wichí, Chorote, Toba, Chulupí, Chané), con sede en Tartagal, solicita urgente intervención para la obtención de los títulos de las tierras que ocupan en la zona de los Departamento San Martín y Rivadavia Banda Norte y Sur de la región Chaco Salteño.
2004: La comunidad Paicil Antriao, en Neuquen, fue desalojada de las tierras dadas en 1884 en comodato por la Nación Argentina como lote pastoril, fueron desalojadas y pasan a acampar en la ladera del Cerro Belbedere Villa La Angostura.
2004: El día 2 de Febrero de 2004, en el Paraje Colitoro cercano a Huahuel Niyeo (Ing. Jacobacci, Río Negro), la familia de Don Luis Cona, El Consejo Asesor Indígena (CAI), y miembros del Consejo de Comunidades Indígenas (CODECI) han procedido a la recuperación del territorio al que ancestralmente han pertenecido y que fuera usurpado por el terrateniente Alfredo Abi Saad.
2004: Denuncian que la nueva ley de bosques 5.285 del Chaco favorece el genocidio de las comunidades indígenas; gracias a una modificación de la ley original desaparecen los frenos para el desmonte del bosque nativo.
2004: El 18 de abril se realiza el III Parlamento Mapuche en Chubut, con la participación de más de una decena de comunidades mapuches de Chubut, Río Negro y Neuquen. Se trataron temas vinculados a los conflictos específicos de Vuelta del Río, pero también cuestiones más generales como las de la lucha por el territorio.
2004: Ante la amenaza de desalojo, el 1 de junio, más de noventa familias campesinas de la pequeña localidad de Mili en la provincia de Santiago del Estero empezaron a organizarse para resistir. Un empresario reclama ser el propietario de más de 1700 hectáreas. Esto hace que la población de Mili, El Mistol, Los Pereyras y muchas otras poblaciones también afectadas, se solidaricen para resistir juntas.
2004: El 18 de junio llega la “gran marcha” campesina a Santiago capital por una “Nueva Política Agraria”, que fue convocada por la Mesa de Tierras, y en la cual participaron cerca de 5000 personas. En este marco el interventor de la provincia (Lanusse) firmó la moratoria a los desmontes en la provincia.
2004: Estallan varios conflictos por la tierra en los Parajes de “Las Toscas”, “El Puestito” y “San Agustín” de la Pedanía de Quilino, del norte de Córdoba. Según la Organización de Campesinos Unidos del Norte (OCUNC), que realiza la denuncia de la situación en julio de 2004, las familias campesinas de la región hace ya unos años se ven afectadas por riesgos de desalojos “donde peligra el derecho a vivir en el territorio que cuidamos y trabajamos desde nuestros antepasados”.
2004: Los campesinos de Pozo Azul, Misiones, nucleados en la Coordinación Provincial de lucha por la Tierra, se concentran y movilizan durante varios días desde el 12 de julio. Reclaman al gobernador (Rovira) que regularice la tenencia y dominio de las tierras que ocupan desde hace años, que se expropie a favor de los campesinos, que se garantice la libertad de trabajo, que se suspenden los juicios de desalojo y denuncian de usurpación, que se garantice el libre transito por los caminos vecinales, retirando los portones colocados por las empresas.
2004: El día 19 de julio, los compañeros de la Unión de Campesinos Poriajhú tomaron pacíficamente 25 hectáreas de tierras fiscales, en Pampa Napenay, para formar un asentamiento de la Cooperativa Integral de Trabajo y Formación, conformada en el 2001. Esta acción es el resultado de la negociación con la autoridad municipal -en la persona del Intendente y la Dirección de Tierras local- ante la cual venían peticionando tierras dado que solo contaban con 8 hectáreas.
2004: El 25 de agosto, familias aborígenes de varias comunidades Mbya Guaraníes de Misiones se instalan en una carpa en la plaza central de Posadas reclamando que el Gobernador atienda a sus pedidos. El detonante de la situación fue una nueva muerte por desnutrición, y la falta de respuesta de la Dirección de Asuntos Guaraníes ante estos hechos ya reiterados, además de otros reclamos.
2004: En el día del Agricultor, 8 de septiembre, el MOCAFOR se moviliza para exigir el pleno cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobernador en una reunión que habían tenido el 14 de junio. 2004: Detienen a dirigente del MOCASE el 17 de septiembre a dos kilómetros de La Nena, departamento Taboada. La detención de Acuña (liberado 4 días después) fue realizada en el marco de un nuevo intento de desalojo. En este caso se trataba de la familia campesina Contreras, a pesar de que esta demostrara la posesión veinteañal, el título de dominio.
2004: Personal judicial y policial de Quimilí acompañados de civiles denunciantes (un autoproclamado “carapintada” con un grupo parapolicial) el desalojo de la familia Roldán, en la comunidad de Pampa Pozo, lote 110, el 19 de octubre. Aquí es detenido un campesino. Al mismo tiempo se detienen, acusados también por ejercer violencia contra los denunciantes, en otros puntos de la provincia dirigentes del MOCASE que querían entrevistarse con el Ministro de Justicia y Diputados Nacionales, a efectos de denunciar “las violaciones a los Derechos Humanos sufridos por las familias campesinas”. Como respuesta el día 22 de octubre se realiza un escrache a la casa de Santiago, en capital federal. Luego el 25 de octubre realizan una marcha a Santiago capital unos 1000 campesinos, instalándose una Carpa de la Resistencia para exigir la liberación de los detenidos.
2004: La comunidad “Ñanderú” Luciano Yépez del Paraje Yerba Buena en la Localidad de Salvador Mazza de la provincia de Salta que ya venía luchando para la regularización de las tierras que ocupa denuncia que surge un proyecto de Ley nacional para la expropiación de las mismas, en el marco de amenazas sufridas por los miembros de la comunidad, realizadas por funcionarios del Municipio.
2004: Las familias del paraje denominado La Encrucijada, campo El Escondido, empiezan a organizar la resistencia ante posibles desalojos que anuncio la justicia provincial. Estas familias ven además del riesgo de expulsión, la amenaza de división del campo, ya que, como señala la organización UCAN del Movimiento Campesino de Córdoba «destruiría los sistemas productivos de quienes lo habitan (…) que hacen uso comunitario de estos territorios para pastar sus animales en un sistema campesino”.
2004: En el campo El Destino en el departamento Cruz del Eje, 25 familias son intimadas a desalojar las tierras, desconocidas en su derecho como poseedoras legítimas. Ante esto se denuncia la no actuación de la “anunciada” Unidad Ejecutora del Registro de Poseedores, que supuestamente sanearía en parte la titularidad de las tierras.
2004: Se realiza, el 12 de noviembre en Córdoba capital, una marcha de organizaciones campesinas junto con estudiantes universitarios y la ciudadanía en general, como respuesta a la avanzada de desalojos en la provincia, y en el marco del II Foro de desarrollo Sustentable, Soberanía Alimentaria y Energética.
2004: El gobierno de la Provincia de Salta intenta vender a una empresa (Everest SA) 6.000 hectáreas de parque provincial (“Reserva Pizarro”: lotes fiscales 32 y 33) para desmontar y sembrar soja. La comunidad Wichí “Eben Ezer” y los criollos que allí habitan junto a organizaciones ambientalistas (entre ellas Fundación Ambiente y Recursos Naturales – FARN, Fundación Vida Silvestre Argentina – FVSA y Greenpeace) se oponen. La maniobra cuenta con la complicidad del poder provincial, municipal, e incluso de religiosos de la zona. Más allá de los intentos de desalojo y las intimidaciones por parte del gobierno de Salta, la batalla legal continua.
2004: En diciembre, ante la Cumbre de Cambio Climático que se realizó en Buenos Aires, organizaciones mapuches se manifiestan contra la construcción de una represa en la zona de Corcovado.
2005: Son imputados 10 campesinos del Movimiento Campesino de Córdoba (APENOC) el día 10 de febrero por defender junto a varias familias la posesión común que mantienen desde hace años en el Paraje Cañada Larga, y luego de varios días de querer parar a un empresario, que esta invadiendo 1900 has, argumentando haberlo comprado en un remate a fines de los ’90. Este conflicto se da en el marco de una batalla legal anterior en la cual la justicia civil de Cruz del Eje, en el año 2002, había sentenciado rechazando la acción posesoria del empresario, debido a que la posesión siempre estuvo en manos de estas familias que viven allí desde hace mas de 150 años.
2005: El Movimiento Campesino de Córdoba realiza el 2 de marzo una movilización a los Tribunales de Cruz del Eje, para entregar un petitorio y reclamar por el cese de las imputaciones a campesinos que defienden sus tierras. En este acto es detenido violentamente el abogado del movimiento. Harían otra marcha el 16 de mayo en Dean Funes, como continuidad de las acciones realizadas con anterioridad en las ciudades de Cruz del Eje y Villa Dolores, con el objetivo de dar a conocer las reivindicaciones del sector.
2005: En marzo el MOCASE realizó un escrache a matones y terratenientes en la localidad de Tintina, Santiago del Estero. Comunidades indígenas y campesinas organizadas en el MOCASE marcharon y escracharon integrantes de una red de matones, vinculados a un empresario que había adquirido en remate fraudulento un amplio territorio perteneciente a la comunidad de indígenas Vilelas de Tintina
2005: Se remata en Campana un campo tras una violenta represión a miembros de distintas organizaciones que habían concurrido al lugar para resistir (MML, FAA, CCC, MIJP). El establecimiento pertenecía a la familia Prandi, productores agropecuarios que habían pedido un crédito. Un 27 de abril fueron desposeídos de sus tierras mediante un remate escandaloso y fraudulento realizado sin oferentes, a puertas cerradas, luego que la policía desalojara violentamente las instalaciones del Colegio de Martilleros de Campana.
2005: Frente al avance sobre el recurso agua realizado por emprendimientos turísticos y agrícolas de papa y soja, en la región de Traslasierra – Córdoba, los vecinos de las localidades de Las Chacras Norte y Sur, Villa Dolores, y Loma Bola, se organizan para gestionar el manejo del mismo. Se van conformando asociaciones civiles o consorcios para negociar con el poder público local la gestión del agua. Existe en estas iniciativas la tensión entre estrategias más institucionales o de autogestión y la acción directa.
2005: Se inicia en mayo un conflicto por riesgo de desalojo en torno de la tierras que ocupa la familia campesina Calderón en Medanito, departamento de Pocho, Córdoba. Frente a esta situación el Movimiento Campesino de Córdoba lleva adelante la lucha por la posesión legal, aunque el saldo sea más de 40 campesinos imputados.
2005: Debido a la desatención a sus reclamos el 18 de Mayo caciques de Pueblos Originarios de la provincia de Salta, toman las dependencias de la sede del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en Buenos Aires. Delegados guaraníes, wichís, chorotesy tobas de la zona de Tartagal, llegaron a la capital luego de mantener por más de 10 días un piquete en Cuña Muerta sin obtener respuesta alguna.
2005: Denuncian en junio que en las localidades santiagueñas de Simbol Payana (1.800 hectáreas) y Abra Grande (4.300 hectáreas) empresarios están ocupando paulatinamente con cuadrillas de hombres armados campos donde viven familias campesinas, y que la policía no actúa.
2005: Wichis de Tonono, Salta, levantan seis kilómetros de alambrada que cerraban su tierra y recuperaron el lugar. La Justicia les dio la razón, aunque no haya impedido alambrar a la desmontadora en su momento. Ya habían tenido conflicto con 2 empresas desmontadoras que habían empezado con el desmonte de diez mil hectáreas cada una. En este caso la justicia fallo a favor de las comunidades. Luego con el avance de empresas sojeras en la región se habían alambrado 5600 hectáreas alrededor de la cuenca del río Itiyuro, una zona donde conviven unas seis comunidades wichis integradas por unas dos mil personas. Por esa razón, la reacción esta vez fue distinta. El último 25 de mayo, la comunidad wichi de Tonona decidió desalambrar seis kilómetros de cerco colocados por sobre la parcela conocida históricamente como La Maderera, que ahora habría cambiado de dueños. En disputa también estaba un pozo de agua. Ese es el sitio donde la comunidad improvisó un pequeño campamento base como medida de protesta para evitar la expropiación.
2005: En junio se conoce el intento de rematar en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Boquerón un campo con 6 pueblos dentro. Las organizaciones campesinas se ponen en marcha para resistir (MOCASE, Mesa de Tierras, FAA).
2005: En Tilcara se alerta sobre despojos de tierras. Esto en el marco de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de la humanidad. Esto atrajo turistas e inversores, lo cual ha generado una especulación inmobiliaria muy importante subiendo los valores de la tierra.
En base a la comparación y análisis de estos conflictos y disputas territoriales es posible determinar algunos elementos comunes:
El desalojo se instala como la principal amenaza de las comunidades campesinas e indígenas del país, y como la puesta en evidencia del no cumplimiento de sus derechos.
La respuesta de las familias campesinas organizadas, sobre todo en Santiago del Estero, consiste en el armado de lo que llaman “carpas de la resistencia” con las cuales buscan defender su “forma de vida” como señalan en detalle los comunicados de las organizaciones: refieren a los usos del monte, las áreas de pastoreo comunes, los cultivos, los animales, los caminos vecinales, etc. La resistencia como respuesta política y la vida campesina como elección colectiva se presentan estrechamente vinculados.
Tanto en las acciones realizadas en los territorios en disputa propiamente, como en los territorios definidos como espacios públicos del Estado-Nación, existen articulaciones entre organizaciones indígenas de distintos Pueblos Originarios, entre organizaciones campesinas y de desocupados urbanos, y de vecinos o pobladores. Más allá de los debates en torno de la categoría “campesino” lo cierto es que las organizaciones apelan a la noción tanto en el nombre mismo que portan (ejemplo: MOCASE o MCC), como en los comunicados que lanzan (ejemplo: los campesinos de Pozo Azul, Misiones). Es evidente, la autoadscripción, la recuperación de “lo campesino” como identidad, como “nosotros” en el espacio público donde están los “otros”.
Existe un entrecruzamiento de conflictos que devienen de situaciones diversas. Por un lado, existen luchas “históricas” por la tierra, sostenidas sobre todo por los Pueblos Mapuche y Kolla; por lo general son conflictos muy antiguos o nuevos escenarios que se montan sobre disputas anteriores (caso de las comunidades de Finca Santiago, Finca San Andrés, o de las comunidades Mapuche en litigio con Benetton, etc). A su vez, debido al reciente avance de la frontera agropecuaria (desmontes, agricultura, ganadería, emprendimientos turísticos, etc) se desplaza a las comunidades campesinas o indígenas asentadas en áreas anteriormente marginales para el capitalismo agrario argentino. Finalmente, se encuentran los conflictos protagonizados por los productores pampéanos que están siendo desplazados del modelo agropecuario que el proyecto de globalización neoliberal impone. Siendo que en general la respuesta que reciben las organizaciones campesinas por parte de las autoridades es represión, encarcelamiento, desalojos violentos, etc; contrasta que los tipos de acción más comunes se inscriban dentro del marco institucional: acciones legales, petitorios, protestas u ocupaciones simbólicas de espacios públicos, etc; Solo en escasas oportunidades, y en general como respuesta a la reiterada desatención por parte de las autoridades, las organizaciones realizan acciones directas: roturas de alambrados o portones, denegación de paso, retención de funcionarios por ocupación de edificios públicos, etc. En los procedimientos de gran parte de los casos de desalojo se destaca la complicidad entre los funcionarios de justicia (jueces y fiscales), las fuerzas de seguridad, y los empresarios o “terratenientes”.
El avance de la “frontera agropecuaria” sobre tierras ocupadas por comunidades campesinas se efectúa en el marco de la connivencia entre poder político local (provincial y municipal) e interese económicos: venta especulativa de tierras fiscales a empresarios a valores que no son de mercado, sin tener en cuenta que las tierras están habitadas por campesinos o indígenas, o que deban ser declaradas de “función social”.
Los procedimientos de desalojo en muchos casos se realizan en base a acciones violentas, y cargados de irregularidades: ausencia de órdenes judiciales; disociación entre el contenido concreto de las órdenes judiciales y las acciones de las fuerzas de seguridad; desconocimiento absoluto por parte de la justicia de los derechos -reconocidos a nivel constitucional e internacional- que asisten a poblaciones campesinas y Pueblos Originarios; priorización del derecho de propiedad privada sobre el derecho a la vida o el derecho al trabajo; utilización de documentación “sospechosa” (boletos de compra venta vencidos, títulos de dudoso origen, remates de tierras sin notificación de los habitantes, notificaciones utilizadas como ordenes de desalojo, etc) para acusar a los campesinos de “usurpación” y fundamentar el desalojo de las tierras.
A todos estos conflictos por el control o la propiedad de la tierra y el territorio, que se desenvuelven en escenarios de remates, desalojos, arrinconamiento de comunidades rurales, se suma en la última etapa un nuevo conflicto, largamente anunciado: la lucha por el control de la semilla. Mientras que en Argentina fueron los grupos y organizaciones de campesinos, de indígenas, de ambientalistas, de académicos, etc, quienes en primer lugar denunciaron el riesgo que comportan las semillas transgénicas; son ahora los “pequeños y medianos productores” quienes, al verse directamente afectados, manifiestan el perjuicio que sufren con este modelo productivo. Diversos sectores ya alertaban tempranamente, sobre los problemas que traería para la soberanía alimentaria de la población, el hecho de dejar en manos de grandes multinacionales el control de la semilla3. Sin embrago, ha sido recién en el año 2005 cuando la organización representativa de pequeños y medianos productores (FAA) decide enfrentar públicamente a la multinacional Monsanto en relacion a los derechos de propiedad sobre la semilla. [4] Esto sucedió cuando, ya avanzada la difusión de las semillas transgénicas en el mercado, la empresa decidió empezar a cobrar royalties por la reproducción de las semillas que ahora se habían transformado en portadoras de tecnología patentada. En abril, el presidente de la Federación Agraria Argentina viajó a Europa para denunciar a Monsanto por representar un peligro para los agricultores que pueden transformarse en «arrendatarios de semillas», en el marco de “la privatización de los recursos genéticos vía el patentamiento de vegetales”. El titular de la FAA, Eduardo Buzzi, a lo largo de una semana, estuvo en Munich, Alemania, y en Roma, Italia, invitado por Greenpeace Argentina. El objetivo central fue realizar una presentación sobre la ilegalidad y los perjuicios que ocasionará a los agricultores y a sus derechos la ofensiva actual de Monsanto Company, que amenaza con embargos sobre los embarques de granos de soja Argentina, de harina de soja y otros productos derivados que contengan el gen Roundup Ready (RR) pretendiendo un resarcimiento de 15 dólares por tonelada, sustentado todo ello en un presunto derecho de propiedad que poseería en otros países (comunicado de FAA, Rosario 29/3/2005). La organización gremial y la organización ambientalista confluyeron para estas acciones de “combate al patentamiento de semillas” en el hecho de que “ambas entidades comparten la posición de no permitir que se afecte el derecho a uso propio de semillas por parte de los agricultores que quedaría lesionado si se permite a Monsanto cobrar regalías por la soja transgénica” (comunicado de Greenpeace, 31/3/2005).
Por otra parte, es importante también destacar que las organizaciones campesinas e indígenas llevan a cabo experiencias vinculadas a la producción y reproducción social, más allá de insertarse en situaciones de conflicto. Ya que estas, las experiencias, también van conformando las características del movimiento campesino, delineando sus objetivos y demandas, ilustrando sus diferencias, asentando sus recursos, saberes, técnicas, etc:
Pueden mencionarse, en este sentido, las experiencias en torno de formas novedosas de intercambio: “ferias campesinas” para ofrecer productos de las comunidades más alejadas y propiciar la consolidación de una identidad colectiva (ejemplo: Red Puna en la provincia de Jujuy).
(continuará en el suguiente trabajo exploratorio)
por Diego Domínguez ( Grupo de Estudios Rurales – UBA)
Ilustración Andrea Sagardoy
Infografia Norberto Baruch
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